Sublevación militar, también conocida como el Motín de los Sargentos de La Granja, llevada a cabo por el Regimiento de la Guardia Real del palacio de La Granja (Segovia) el 13 de agosto del año 1836, del que salieron los sargentos que exigieron a la reina regente María Cristina de Borbón la derogación del Estatuto Real, promulgado el 10 de abril del año 1834, y el restablecimiento de las leyes y valores constitucionales del año 1812.
El sistema político de la Regencia de María Cristina, basado íntegramente en el Estatuto Real
del año 1834, se había mostrado totalmente ineficaz e insuficiente a la
hora de llevar a buen puerto la transición política entre el Antiguo
Régimen y el Estado Liberal, lo que produjo toda una serie de
movimientos de oposición progresistas a partir del año 1835. Ante la
situación revolucionaria del mes de agosto de ese mismo año, la Corona
confió el poder a Mendizábal,
ministro con un pasado liberal radical, quien se propuso retomar las
acciones de Gobierno llevadas a cabo durante el Trienio Liberal
(1820-23), especialmente en el terreno judicial. Pero, a causa de un
proyecto de ley electoral que fue presentado en las Cortes y de la
derrota de los seguidores de Mendizábal en una posterior votación, se
planteó la cuestión de confianza al Gobierno de éste. La Corona se
encontró en la tesitura de elegir entre cambiar por entero el Gabinete o
disolver las cámaras y proceder a una nueva elección. María Cristina,
enfrentada desde un primer momento a la política y figura de Mendizábal,
lo tuvo fácil: optó por la segunda solución. Aunque en las elecciones
posteriores, celebradas en febrero del año siguiente, Mendizábal volvió a
ganar, éste se vio forzado por la propia regente a dimitir debido a la
negativa de la reina a ceder a las exigencias del ministro Fermín
Caballero de llevar a cabo una amplia renovación de los altos cargos
militares.
María Cristina nombró como sustituto de Mendizábal a Francisco Javier Istúriz, antiguo liberal progresista que se había pasado, como tantos otros, al bando moderado, y que además era mucho más afín a los gustos y concepciones políticas de la propia regente. El nombramiento de Istúriz produjo en todas las filas progresistas del país una reacción de protesta unánime que se tradujo en una clara y abierta oposición a su política en las Cortes; se utilizó incluso el voto de censura para intentar derribarlo, política que a la larga resultó estéril. Istúriz respondió a los ataques solicitando a la Corona del decreto de disolución de las Cortes, a lo que la regente accedió gustosamente adoptando, además, una postura claramente beligerante en la cuestión política al publicar un manifiesto condenando con términos muy duros e inequívocos la actuación del estamento progresista y poniéndose de parte de la política reaccionaria que venía practicando el Gobierno de Istúriz.
Las filas progresistas, lejos de arredrarse, redoblaron sus intentos de oposición al Gobierno de Istúriz y a la propia Corona, pero esta vez recurriendo al pronunciamiento militar como modo de operar. Muchos militares se acercaron a las filas progresistas convencidos de que los moderados no estaban actuando con las energías y decisión suficientes para hacer frente a la amenaza del carlismo y de que la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia era la Milicia Nacional.
María Cristina nombró como sustituto de Mendizábal a Francisco Javier Istúriz, antiguo liberal progresista que se había pasado, como tantos otros, al bando moderado, y que además era mucho más afín a los gustos y concepciones políticas de la propia regente. El nombramiento de Istúriz produjo en todas las filas progresistas del país una reacción de protesta unánime que se tradujo en una clara y abierta oposición a su política en las Cortes; se utilizó incluso el voto de censura para intentar derribarlo, política que a la larga resultó estéril. Istúriz respondió a los ataques solicitando a la Corona del decreto de disolución de las Cortes, a lo que la regente accedió gustosamente adoptando, además, una postura claramente beligerante en la cuestión política al publicar un manifiesto condenando con términos muy duros e inequívocos la actuación del estamento progresista y poniéndose de parte de la política reaccionaria que venía practicando el Gobierno de Istúriz.
Las filas progresistas, lejos de arredrarse, redoblaron sus intentos de oposición al Gobierno de Istúriz y a la propia Corona, pero esta vez recurriendo al pronunciamiento militar como modo de operar. Muchos militares se acercaron a las filas progresistas convencidos de que los moderados no estaban actuando con las energías y decisión suficientes para hacer frente a la amenaza del carlismo y de que la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia era la Milicia Nacional.
Dos días antes del motín, estalló en Madrid un pronunciamiento por parte de la Milicia Nacional que fue dominado, no sin gran esfuerzo, por el capitán general Quesada. Pero el germen contestatario contra el Gobierno de Istúriz ya estaba lo suficientemente arraigado dentro de las filas opositoras, hasta el punto de que se extendió como un reguero de pólvora a toda Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia. La Corona, mientras tanto, siguió haciendo oídos sordos al fuerte clima de oposición que se estaba montando contra ella y a los insistentes rumores sobre un posible levantamiento militar.
El día 12 de agosto del año 1836, la Corte se encontraba reunida en el palacio segoviano de La Granja. La reina regente María Cristina estaba acompañada del ministro de Gracia y Justicia, Manuel Bravo Ayuso. La guarnición del palacio estaba formada por dos compañías de la Guardia Real, dos de Granaderos, dos escuadrones de Guardias de Corps y un pequeño destacamento de Salvaguardias, todos ellos bajo el mando directo del general San Román, quien no se había enterado de la conspiración que se estaba fraguando delante de sus propias narices.
Así pues, a las diez de la noche, contraviniendo la orden que prohibía entonar himnos patrióticos y contrarios al régimen monárquico imperante, salieron formadas las compañías sublevadas con sus respectivos suboficiales, las cuales se dirigieron al Palacio Real a la par que cantaban himnos liberales mezclados con vivas a la Constitución del año 1812 y a la propia reina regente. Una vez dominado el palacio, se formó una primera comisión integrada por los argentos Alejandro Gómez y Juan Lucas, más un soldado raso. En esa primera reunión, la comisión explicó a la regente los motivos del pronunciamiento, las provincias que se habían adherido a la sublevación y los objetivos que se perseguían con ella, que no eran otros que la vuelta a la Constitución del año 1812. María Cristina intentó ganar tiempo al expedir una real orden al general San Román en la que prometía presentar un proyecto de Constitución para las próximas Cortes, propuesta que no gustó nada en las filas sublevadas ya que inmediatamente formaron una segunda comisión negociadora, esta vez presidida por el sargento Higinio García, que subió a conferenciar con la reina regente en términos muchos más duros. María Cristina no tuvo más remedio que firmar, pasadas las dos de la madrugada del día 13 de agosto, un Real Decreto en los siguientes términos: "Como Reina Gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución del año 1812, en el ínterin que, reunida la nación en Cortes, manifiesta expresamente su voluntad o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma. En San Ildefonso, a 13 de agosto de 1836. Yo, la Reina Gobernadora"
Al día siguiente, María Cristina procedió en el Real Sitio a la jura de la Constitución del año 1812. El Gabinete de Istúriz dimitió en bloque. Le sucedió otro, totalmente progresista, presidido por Calatrava, quien nombró a Mendizábal como ministro de Hacienda y, más tarde, ministro de la Marina. La sublevación había sido planeada por un funcionario del ministerio de Hacienda, amigo íntimo de Mendizábal, Manuel Barrera, y por el periodista Ángel Iznardi, redactor jefe del periódico El Eco del Comercio.
El
triunfo del movimiento progresista se reflejó inmediatamente en una
serie de leyes (en su mayor parte con claro antecedente en las Cortes de
Cádiz y en el Trienio Liberal) sobre aspectos como la desvinculación
señorial, la desamortización, la propiedad agrícola, montes, señoríos,
etc. Así mismo, se convocaron nuevas Cortes constituyentes cuyo fruto
sería la Constitución del año 1837, más moderada, pero también más
precisa que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real del año
1834.
http://ordorenascendi.blogspot.com.es/2012/06/el-motin-de-la-granja.htm
lhttp://www.enciclonet.com/articulo/sublevacion-de-la-granja/#
http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/biografia-de-sublevacion-de-la-granja-1836/
http://www.pronunciamientos.rizoazul.com/motingranja.htmlAntecedentes
http://ordorenascendi.blogspot.com.es/2012/06/el-motin-de-la-granja.htm
lhttp://www.enciclonet.com/articulo/sublevacion-de-la-granja/#
http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/biografia-de-sublevacion-de-la-granja-1836/
http://www.pronunciamientos.rizoazul.com/motingranja.htmlAntecedentes
El sistema político de la Regencia de María Cristina, basado
íntegramente en el Estatuto Real del año 1834, se había mostrado
totalmente ineficaz e insuficiente a la hora de llevar a buen puerto la
transición política entre el Antiguo Régimen y el Estado Liberal, lo que
produjo toda una serie de movimientos de oposición progresistas a
partir del año 1835. Ante la situación revolucionaria del mes de agosto
de ese mismo año, la Corona confió el poder a Mendizábal, ministro con
un pasado liberal radical, quien se propuso retomar las acciones de
Gobierno llevadas a cabo durante el Trienio Liberal (1820-23),
especialmente en el terreno judicial. Pero, a causa de un proyecto de
ley electoral que fue presentado en las Cortes y de la derrota de los
seguidores de Mendizábal en una posterior votación, se planteó la
cuestión de confianza al Gobierno de éste. La Corona se encontró en la
tesitura de elegir entre cambiar por entero el Gabinete o disolver las
cámaras y proceder a una nueva elección. María Cristina, enfrentada
desde un primer momento a la política y figura de Mendizábal, lo tuvo
fácil: optó por la segunda solución. Aunque en las elecciones
posteriores, celebradas en febrero del año siguiente, Mendizábal volvió a
ganar, éste se vio forzado por la propia regente a dimitir debido a la
negativa de la reina a ceder a las exigencias del ministro Fermín
Caballero de llevar a cabo una amplia renovación de los altos cargos
militares.
María Cristina nombró como sustituto de Mendizábal a Francisco Javier Istúriz, antiguo liberal progresista que se había pasado, como tantos otros, al bando moderado, y que además era mucho más afín a los gustos y concepciones políticas de la propia regente. El nombramiento de Istúriz produjo en todas las filas progresistas del país una reacción de protesta unánime que se tradujo en una clara y abierta oposición a su política en las Cortes; se utilizó incluso el voto de censura para intentar derribarlo, política que a la larga resultó estéril. Istúriz respondió a los ataques solicitando a la Corona del decreto de disolución de las Cortes, a lo que la regente accedió gustosamente adoptando, además, una postura claramente beligerante en la cuestión política al publicar un manifiesto condenando con términos muy duros e inequívocos la actuación del estamento progresista y poniéndose de parte de la política reaccionaria que venía practicando el Gobierno de Istúriz.
Las filas progresistas, lejos de arredrarse, redoblaron sus intentos de oposición al Gobierno de Istúriz y a la propia Corona, pero esta vez recurriendo al pronunciamiento militar como modo de operar. Muchos militares se acercaron a las filas progresistas convencidos de que los moderados no estaban actuando con las energías y decisión suficientes para hacer frente a la amenaza del carlismo y de que la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia era la Milicia Nacional.
La Rebelión de los Sargentos de La Granja
Dos días antes del motín, estalló en Madrid un pronunciamiento por parte de la Milicia Nacional que fue dominado, no sin gran esfuerzo, por el capitán general Quesada. Pero el germen contestatario contra el Gobierno de Istúriz ya estaba lo suficientemente arraigado dentro de las filas opositoras, hasta el punto de que se extendió como un reguero de pólvora a toda Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia. La Corona, mientras tanto, siguió haciendo oídos sordos al fuerte clima de oposición que se estaba montando contra ella y a los insistentes rumores sobre un posible levantamiento militar.
El día 12 de agosto del año 1836, la Corte se encontraba reunida en el palacio segoviano de La Granja. La reina regente María Cristina estaba acompañada del ministro de Gracia y Justicia, Manuel Bravo Ayuso. La guarnición del palacio estaba formada por dos compañías de la Guardia Real, dos de Granaderos, dos escuadrones de Guardias de Corps y un pequeño destacamento de Salvaguardias, todos ellos bajo el mando directo del general San Román, quien no se había enterado de la conspiración que se estaba fraguando delante de sus propias narices.
Así pues, a las diez de la noche, contraviniendo la orden que prohibía entonar himnos patrióticos y contrarios al régimen monárquico imperante, salieron formadas las compañías sublevadas con sus respectivos suboficiales, las cuales se dirigieron al Palacio Real a la par que cantaban himnos liberales mezclados con vivas a la Constitución del año 1812 y a la propia reina regente. Una vez dominado el palacio, se formó una primera comisión integrada por los argentos Alejandro Gómez y Juan Lucas, más un soldado raso. En esa primera reunión, la comisión explicó a la regente los motivos del pronunciamiento, las provincias que se habían adherido a la sublevación y los objetivos que se perseguían con ella, que no eran otros que la vuelta a la Constitución del año 1812. María Cristina intentó ganar tiempo al expedir una real orden al general San Román en la que prometía presentar un proyecto de Constitución para las próximas Cortes, propuesta que no gustó nada en las filas sublevadas ya que inmediatamente formaron una segunda comisión negociadora, esta vez presidida por el sargento Higinio García, que subió a conferenciar con la reina regente en términos muchos más duros. María Cristina no tuvo más remedio que firmar, pasadas las dos de la madrugada del día 13 de agosto, un Real Decreto en los siguientes términos: “Como Reina Gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución del año 1812, en el ínterin que, reunida la nación en Cortes, manifiesta expresamente su voluntad o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma. En San Ildefonso, a 13 de agosto de 1836. Yo, la Reina Gobernadora” (véase Constitución española de 1812 en el artículo Constitucionalismo español).
Al día siguiente, María Cristina procedió en el Real Sitio a la jura de la Constitución del año 1812. El Gabinete de Istúriz dimitió en bloque. Le sucedió otro, totalmente progresista, presidido por Calatrava, quien nombró a Mendizábal como ministro de Hacienda y, más tarde, ministro de la Marina. La sublevación había sido planeada por un funcionario del ministerio de Hacienda, amigo íntimo de Mendizábal, Manuel Barrera, y por el periodista Ángel Iznardi, redactor jefe del periódico El Eco del Comercio.
El legado de la sublevación
El triunfo del movimiento progresista se reflejó inmediatamente en una serie de leyes (en su mayor parte con claro antecedente en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Liberal) sobre aspectos como la desvinculación señorial, la desamortización, la propiedad agrícola, montes, señoríos, etc. Así mismo, se convocaron nuevas Cortes constituyentes cuyo fruto sería la Constitución del año 1837, más moderada, pero también más precisa que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real del año 1834.
- See more at: http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/biografia-de-sublevacion-de-la-granja-1836/#sthash.eKvFJLtH.dpuf
María Cristina nombró como sustituto de Mendizábal a Francisco Javier Istúriz, antiguo liberal progresista que se había pasado, como tantos otros, al bando moderado, y que además era mucho más afín a los gustos y concepciones políticas de la propia regente. El nombramiento de Istúriz produjo en todas las filas progresistas del país una reacción de protesta unánime que se tradujo en una clara y abierta oposición a su política en las Cortes; se utilizó incluso el voto de censura para intentar derribarlo, política que a la larga resultó estéril. Istúriz respondió a los ataques solicitando a la Corona del decreto de disolución de las Cortes, a lo que la regente accedió gustosamente adoptando, además, una postura claramente beligerante en la cuestión política al publicar un manifiesto condenando con términos muy duros e inequívocos la actuación del estamento progresista y poniéndose de parte de la política reaccionaria que venía practicando el Gobierno de Istúriz.
Las filas progresistas, lejos de arredrarse, redoblaron sus intentos de oposición al Gobierno de Istúriz y a la propia Corona, pero esta vez recurriendo al pronunciamiento militar como modo de operar. Muchos militares se acercaron a las filas progresistas convencidos de que los moderados no estaban actuando con las energías y decisión suficientes para hacer frente a la amenaza del carlismo y de que la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia era la Milicia Nacional.
La Rebelión de los Sargentos de La Granja
Dos días antes del motín, estalló en Madrid un pronunciamiento por parte de la Milicia Nacional que fue dominado, no sin gran esfuerzo, por el capitán general Quesada. Pero el germen contestatario contra el Gobierno de Istúriz ya estaba lo suficientemente arraigado dentro de las filas opositoras, hasta el punto de que se extendió como un reguero de pólvora a toda Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia. La Corona, mientras tanto, siguió haciendo oídos sordos al fuerte clima de oposición que se estaba montando contra ella y a los insistentes rumores sobre un posible levantamiento militar.
El día 12 de agosto del año 1836, la Corte se encontraba reunida en el palacio segoviano de La Granja. La reina regente María Cristina estaba acompañada del ministro de Gracia y Justicia, Manuel Bravo Ayuso. La guarnición del palacio estaba formada por dos compañías de la Guardia Real, dos de Granaderos, dos escuadrones de Guardias de Corps y un pequeño destacamento de Salvaguardias, todos ellos bajo el mando directo del general San Román, quien no se había enterado de la conspiración que se estaba fraguando delante de sus propias narices.
Así pues, a las diez de la noche, contraviniendo la orden que prohibía entonar himnos patrióticos y contrarios al régimen monárquico imperante, salieron formadas las compañías sublevadas con sus respectivos suboficiales, las cuales se dirigieron al Palacio Real a la par que cantaban himnos liberales mezclados con vivas a la Constitución del año 1812 y a la propia reina regente. Una vez dominado el palacio, se formó una primera comisión integrada por los argentos Alejandro Gómez y Juan Lucas, más un soldado raso. En esa primera reunión, la comisión explicó a la regente los motivos del pronunciamiento, las provincias que se habían adherido a la sublevación y los objetivos que se perseguían con ella, que no eran otros que la vuelta a la Constitución del año 1812. María Cristina intentó ganar tiempo al expedir una real orden al general San Román en la que prometía presentar un proyecto de Constitución para las próximas Cortes, propuesta que no gustó nada en las filas sublevadas ya que inmediatamente formaron una segunda comisión negociadora, esta vez presidida por el sargento Higinio García, que subió a conferenciar con la reina regente en términos muchos más duros. María Cristina no tuvo más remedio que firmar, pasadas las dos de la madrugada del día 13 de agosto, un Real Decreto en los siguientes términos: “Como Reina Gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución del año 1812, en el ínterin que, reunida la nación en Cortes, manifiesta expresamente su voluntad o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma. En San Ildefonso, a 13 de agosto de 1836. Yo, la Reina Gobernadora” (véase Constitución española de 1812 en el artículo Constitucionalismo español).
Al día siguiente, María Cristina procedió en el Real Sitio a la jura de la Constitución del año 1812. El Gabinete de Istúriz dimitió en bloque. Le sucedió otro, totalmente progresista, presidido por Calatrava, quien nombró a Mendizábal como ministro de Hacienda y, más tarde, ministro de la Marina. La sublevación había sido planeada por un funcionario del ministerio de Hacienda, amigo íntimo de Mendizábal, Manuel Barrera, y por el periodista Ángel Iznardi, redactor jefe del periódico El Eco del Comercio.
El legado de la sublevación
El triunfo del movimiento progresista se reflejó inmediatamente en una serie de leyes (en su mayor parte con claro antecedente en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Liberal) sobre aspectos como la desvinculación señorial, la desamortización, la propiedad agrícola, montes, señoríos, etc. Así mismo, se convocaron nuevas Cortes constituyentes cuyo fruto sería la Constitución del año 1837, más moderada, pero también más precisa que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real del año 1834.
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Sublevación
militar, también conocida como el Motín de los Sargentos de La Granja,
llevada a cabo por el Regimiento de la Guardia Real del palacio de La
Granja (Segovia) el 13 de agosto del año 1836, del que salieron los
sargentos que exigieron a la reina regente María Cristina de Borbón la
derogación del Estatuto Real, promulgado el 10 de abril del año 1834, y
el restablecimiento de las leyes y valores constitucionales del año
1812.
Antecedentes
El sistema político de la Regencia de María Cristina, basado íntegramente en el Estatuto Real del año 1834, se había mostrado totalmente ineficaz e insuficiente a la hora de llevar a buen puerto la transición política entre el Antiguo Régimen y el Estado Liberal, lo que produjo toda una serie de movimientos de oposición progresistas a partir del año 1835. Ante la situación revolucionaria del mes de agosto de ese mismo año, la Corona confió el poder a Mendizábal, ministro con un pasado liberal radical, quien se propuso retomar las acciones de Gobierno llevadas a cabo durante el Trienio Liberal (1820-23), especialmente en el terreno judicial. Pero, a causa de un proyecto de ley electoral que fue presentado en las Cortes y de la derrota de los seguidores de Mendizábal en una posterior votación, se planteó la cuestión de confianza al Gobierno de éste. La Corona se encontró en la tesitura de elegir entre cambiar por entero el Gabinete o disolver las cámaras y proceder a una nueva elección. María Cristina, enfrentada desde un primer momento a la política y figura de Mendizábal, lo tuvo fácil: optó por la segunda solución. Aunque en las elecciones posteriores, celebradas en febrero del año siguiente, Mendizábal volvió a ganar, éste se vio forzado por la propia regente a dimitir debido a la negativa de la reina a ceder a las exigencias del ministro Fermín Caballero de llevar a cabo una amplia renovación de los altos cargos militares.
María Cristina nombró como sustituto de Mendizábal a Francisco Javier Istúriz, antiguo liberal progresista que se había pasado, como tantos otros, al bando moderado, y que además era mucho más afín a los gustos y concepciones políticas de la propia regente. El nombramiento de Istúriz produjo en todas las filas progresistas del país una reacción de protesta unánime que se tradujo en una clara y abierta oposición a su política en las Cortes; se utilizó incluso el voto de censura para intentar derribarlo, política que a la larga resultó estéril. Istúriz respondió a los ataques solicitando a la Corona del decreto de disolución de las Cortes, a lo que la regente accedió gustosamente adoptando, además, una postura claramente beligerante en la cuestión política al publicar un manifiesto condenando con términos muy duros e inequívocos la actuación del estamento progresista y poniéndose de parte de la política reaccionaria que venía practicando el Gobierno de Istúriz.
Las filas progresistas, lejos de arredrarse, redoblaron sus intentos de oposición al Gobierno de Istúriz y a la propia Corona, pero esta vez recurriendo al pronunciamiento militar como modo de operar. Muchos militares se acercaron a las filas progresistas convencidos de que los moderados no estaban actuando con las energías y decisión suficientes para hacer frente a la amenaza del carlismo y de que la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia era la Milicia Nacional.
La Rebelión de los Sargentos de La Granja
Dos días antes del motín, estalló en Madrid un pronunciamiento por parte de la Milicia Nacional que fue dominado, no sin gran esfuerzo, por el capitán general Quesada. Pero el germen contestatario contra el Gobierno de Istúriz ya estaba lo suficientemente arraigado dentro de las filas opositoras, hasta el punto de que se extendió como un reguero de pólvora a toda Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia. La Corona, mientras tanto, siguió haciendo oídos sordos al fuerte clima de oposición que se estaba montando contra ella y a los insistentes rumores sobre un posible levantamiento militar.
El día 12 de agosto del año 1836, la Corte se encontraba reunida en el palacio segoviano de La Granja. La reina regente María Cristina estaba acompañada del ministro de Gracia y Justicia, Manuel Bravo Ayuso. La guarnición del palacio estaba formada por dos compañías de la Guardia Real, dos de Granaderos, dos escuadrones de Guardias de Corps y un pequeño destacamento de Salvaguardias, todos ellos bajo el mando directo del general San Román, quien no se había enterado de la conspiración que se estaba fraguando delante de sus propias narices.
Así pues, a las diez de la noche, contraviniendo la orden que prohibía entonar himnos patrióticos y contrarios al régimen monárquico imperante, salieron formadas las compañías sublevadas con sus respectivos suboficiales, las cuales se dirigieron al Palacio Real a la par que cantaban himnos liberales mezclados con vivas a la Constitución del año 1812 y a la propia reina regente. Una vez dominado el palacio, se formó una primera comisión integrada por los argentos Alejandro Gómez y Juan Lucas, más un soldado raso. En esa primera reunión, la comisión explicó a la regente los motivos del pronunciamiento, las provincias que se habían adherido a la sublevación y los objetivos que se perseguían con ella, que no eran otros que la vuelta a la Constitución del año 1812. María Cristina intentó ganar tiempo al expedir una real orden al general San Román en la que prometía presentar un proyecto de Constitución para las próximas Cortes, propuesta que no gustó nada en las filas sublevadas ya que inmediatamente formaron una segunda comisión negociadora, esta vez presidida por el sargento Higinio García, que subió a conferenciar con la reina regente en términos muchos más duros. María Cristina no tuvo más remedio que firmar, pasadas las dos de la madrugada del día 13 de agosto, un Real Decreto en los siguientes términos: “Como Reina Gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución del año 1812, en el ínterin que, reunida la nación en Cortes, manifiesta expresamente su voluntad o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma. En San Ildefonso, a 13 de agosto de 1836. Yo, la Reina Gobernadora” (véase Constitución española de 1812 en el artículo Constitucionalismo español).
Al día siguiente, María Cristina procedió en el Real Sitio a la jura de la Constitución del año 1812. El Gabinete de Istúriz dimitió en bloque. Le sucedió otro, totalmente progresista, presidido por Calatrava, quien nombró a Mendizábal como ministro de Hacienda y, más tarde, ministro de la Marina. La sublevación había sido planeada por un funcionario del ministerio de Hacienda, amigo íntimo de Mendizábal, Manuel Barrera, y por el periodista Ángel Iznardi, redactor jefe del periódico El Eco del Comercio.
El legado de la sublevación
El triunfo del movimiento progresista se reflejó inmediatamente en una serie de leyes (en su mayor parte con claro antecedente en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Liberal) sobre aspectos como la desvinculación señorial, la desamortización, la propiedad agrícola, montes, señoríos, etc. Así mismo, se convocaron nuevas Cortes constituyentes cuyo fruto sería la Constitución del año 1837, más moderada, pero también más precisa que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real del año 1834.
- See more at: http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/biografia-de-sublevacion-de-la-granja-1836/#sthash.eKvFJLtH.dpuf
Antecedentes
El sistema político de la Regencia de María Cristina, basado íntegramente en el Estatuto Real del año 1834, se había mostrado totalmente ineficaz e insuficiente a la hora de llevar a buen puerto la transición política entre el Antiguo Régimen y el Estado Liberal, lo que produjo toda una serie de movimientos de oposición progresistas a partir del año 1835. Ante la situación revolucionaria del mes de agosto de ese mismo año, la Corona confió el poder a Mendizábal, ministro con un pasado liberal radical, quien se propuso retomar las acciones de Gobierno llevadas a cabo durante el Trienio Liberal (1820-23), especialmente en el terreno judicial. Pero, a causa de un proyecto de ley electoral que fue presentado en las Cortes y de la derrota de los seguidores de Mendizábal en una posterior votación, se planteó la cuestión de confianza al Gobierno de éste. La Corona se encontró en la tesitura de elegir entre cambiar por entero el Gabinete o disolver las cámaras y proceder a una nueva elección. María Cristina, enfrentada desde un primer momento a la política y figura de Mendizábal, lo tuvo fácil: optó por la segunda solución. Aunque en las elecciones posteriores, celebradas en febrero del año siguiente, Mendizábal volvió a ganar, éste se vio forzado por la propia regente a dimitir debido a la negativa de la reina a ceder a las exigencias del ministro Fermín Caballero de llevar a cabo una amplia renovación de los altos cargos militares.
María Cristina nombró como sustituto de Mendizábal a Francisco Javier Istúriz, antiguo liberal progresista que se había pasado, como tantos otros, al bando moderado, y que además era mucho más afín a los gustos y concepciones políticas de la propia regente. El nombramiento de Istúriz produjo en todas las filas progresistas del país una reacción de protesta unánime que se tradujo en una clara y abierta oposición a su política en las Cortes; se utilizó incluso el voto de censura para intentar derribarlo, política que a la larga resultó estéril. Istúriz respondió a los ataques solicitando a la Corona del decreto de disolución de las Cortes, a lo que la regente accedió gustosamente adoptando, además, una postura claramente beligerante en la cuestión política al publicar un manifiesto condenando con términos muy duros e inequívocos la actuación del estamento progresista y poniéndose de parte de la política reaccionaria que venía practicando el Gobierno de Istúriz.
Las filas progresistas, lejos de arredrarse, redoblaron sus intentos de oposición al Gobierno de Istúriz y a la propia Corona, pero esta vez recurriendo al pronunciamiento militar como modo de operar. Muchos militares se acercaron a las filas progresistas convencidos de que los moderados no estaban actuando con las energías y decisión suficientes para hacer frente a la amenaza del carlismo y de que la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia era la Milicia Nacional.
La Rebelión de los Sargentos de La Granja
Dos días antes del motín, estalló en Madrid un pronunciamiento por parte de la Milicia Nacional que fue dominado, no sin gran esfuerzo, por el capitán general Quesada. Pero el germen contestatario contra el Gobierno de Istúriz ya estaba lo suficientemente arraigado dentro de las filas opositoras, hasta el punto de que se extendió como un reguero de pólvora a toda Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia. La Corona, mientras tanto, siguió haciendo oídos sordos al fuerte clima de oposición que se estaba montando contra ella y a los insistentes rumores sobre un posible levantamiento militar.
El día 12 de agosto del año 1836, la Corte se encontraba reunida en el palacio segoviano de La Granja. La reina regente María Cristina estaba acompañada del ministro de Gracia y Justicia, Manuel Bravo Ayuso. La guarnición del palacio estaba formada por dos compañías de la Guardia Real, dos de Granaderos, dos escuadrones de Guardias de Corps y un pequeño destacamento de Salvaguardias, todos ellos bajo el mando directo del general San Román, quien no se había enterado de la conspiración que se estaba fraguando delante de sus propias narices.
Así pues, a las diez de la noche, contraviniendo la orden que prohibía entonar himnos patrióticos y contrarios al régimen monárquico imperante, salieron formadas las compañías sublevadas con sus respectivos suboficiales, las cuales se dirigieron al Palacio Real a la par que cantaban himnos liberales mezclados con vivas a la Constitución del año 1812 y a la propia reina regente. Una vez dominado el palacio, se formó una primera comisión integrada por los argentos Alejandro Gómez y Juan Lucas, más un soldado raso. En esa primera reunión, la comisión explicó a la regente los motivos del pronunciamiento, las provincias que se habían adherido a la sublevación y los objetivos que se perseguían con ella, que no eran otros que la vuelta a la Constitución del año 1812. María Cristina intentó ganar tiempo al expedir una real orden al general San Román en la que prometía presentar un proyecto de Constitución para las próximas Cortes, propuesta que no gustó nada en las filas sublevadas ya que inmediatamente formaron una segunda comisión negociadora, esta vez presidida por el sargento Higinio García, que subió a conferenciar con la reina regente en términos muchos más duros. María Cristina no tuvo más remedio que firmar, pasadas las dos de la madrugada del día 13 de agosto, un Real Decreto en los siguientes términos: “Como Reina Gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución del año 1812, en el ínterin que, reunida la nación en Cortes, manifiesta expresamente su voluntad o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma. En San Ildefonso, a 13 de agosto de 1836. Yo, la Reina Gobernadora” (véase Constitución española de 1812 en el artículo Constitucionalismo español).
Al día siguiente, María Cristina procedió en el Real Sitio a la jura de la Constitución del año 1812. El Gabinete de Istúriz dimitió en bloque. Le sucedió otro, totalmente progresista, presidido por Calatrava, quien nombró a Mendizábal como ministro de Hacienda y, más tarde, ministro de la Marina. La sublevación había sido planeada por un funcionario del ministerio de Hacienda, amigo íntimo de Mendizábal, Manuel Barrera, y por el periodista Ángel Iznardi, redactor jefe del periódico El Eco del Comercio.
El legado de la sublevación
El triunfo del movimiento progresista se reflejó inmediatamente en una serie de leyes (en su mayor parte con claro antecedente en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Liberal) sobre aspectos como la desvinculación señorial, la desamortización, la propiedad agrícola, montes, señoríos, etc. Así mismo, se convocaron nuevas Cortes constituyentes cuyo fruto sería la Constitución del año 1837, más moderada, pero también más precisa que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real del año 1834.
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