LOS GITANOS Y LOS ANTECEDENTES AL PROYECTO DE EXTERMINIO Y LA REDADA GENERAL DE 1749

Las Cortes abiertas el 5 de mayo de 1592, a pesar de su tinte claramente económico, se convirtieron en receptáculo de propuestas para “sujetar” a los gitanos. Ya en la sesión del 5 de junio de ese año, se estableció el nombramiento de comisarios para que informaran sobre lo que convenía en el “problema” gitano. Si bien, el punto culminante llegaría en la sesión del 19 de marzo de 1594, cuando los procuradores por la ciudad de Burgos, Jerónimo de Salamanca y Martín de Porras, presentaron una propuesta para “exterminar” a esta minoría étnica.

Como justificación, hicieron una exposición plagada de todo tipo de prejuicios peyorativos, en consonancia al estereotipo gitano negativo que se hallaba ya consolidado en estas fechas. En su alegato, comenzaron denunciando la forma de vida de los gitanos, calificándola como 

“la más perdida que hay en toda la república cristiana, ni aun bárbara”.

La razón de esta mala vida se debía a que eran “gente sin ley”, que vivían

“llenos de vicios, sin ningún género de recato, con gran escándalo de estos reinos y de los naturales de ellos”.

Es en el punto donde se asocia el tema de los gitanos con un problema de orden público, en el que se hallaba también inserta la problemática morisca, tal como se comprobaría en la sesión de 5 de abril de 1596, cuando el representante conquense, Juan Suárez propuso

“que los moriscos y gitanos se repartan por vecindades en el reino, y no traten sino solo en labrar y criar, y servir a labradores y criadores”.

Temerosos de que el “gitanismo” contagiara al resto de la población, pidieron

“poner remedio en un daño tan grande”, y así conseguir “disipar y deshacer de raíz este nombre de gitanos y que no haya memoria de este género de gente”.

El “exterminio” biológico propuesto consistía en la separación física de ambos sexos y la aculturación de los más pequeños. Para justificarlo, hicieron una exposición plagada de prejuicios peyorativos, acusándolos de ser “gente sin ley”, que vivía “llenos de vicios”. No llegándose a un acuerdo, el proyecto se desechó y se optó por continuar con la política represiva basada en la fijación de las familias gitanas a un domicilio conocido bajo un estricto control de sus personas, costumbres y caballerías.

El temor de que esta forma de vida acabara siendo adoptada por el resto de la población se mantuvo presente en la legislación represiva que siguió, en la que se pretendió perfeccionar el sistema de avecindamiento forzoso en localidades, de las que no debían salir sin licencia. Sin embargo, las medidas basadas en el “exterminio” biológico y la expulsión a tierras americanas no se habían olvidado, y en 1610, el rey encargó en Aranda del Duero su expulsión, encargando su ejecución al marqués de Salvatierra. Afortunadamente, todo quedó en aguas de borrajas una vez se comprobaron  las graves consecuencias derivadas de la medida realizada en el caso morisco.

Sin olvidarse completamente la amenaza de la expulsión y el “exterminio” biológico, se volvió nuevamente al asentamiento forzoso en vecindarios cerrados para ocuparlos exclusivamente en la labranza. Una política criticada abiertamente por muchos arbitristas, representantes en Cortes y camaristas del Consejo de Castilla, al exigir medidas más contundentes, algo que lograron en 1749, cuando efectuada una redada para expulsar del reino a los gitanos, acabó desechándose otra vez al tenerse en cuenta diferentes aspectos de carácter poblacional y de seguridad, con lo que acabó transformándose en un proyecto de “exterminio” biológico a través de la separación física de hombres y mujeres. Encomendada la tarea de señalar los destinos de ambos sexos, el marqués de la Ensenada aprovechó la mano de obra gratuita de los varones mayores de siete años, para hacer frente a su programa de reconstrucción de la Armada Naval. Un cautiverio, cuyo punto final llegó demasiado tarde en 1765. La desconfianza entre ambas comunidades era ya completa.

Con la creación en 1721 de la llamada Junta de Gitanos se llegó a la conclusión de la inutilidad de la política seguida hasta entonces hacia esta minoría étnica, así como el inconveniente que suponía la inmunidad eclesiástica para lograr una prisión general. Despojados en 1748 de este derecho, el Consejo de Castilla, con su presidente Gaspar Vázquez de Tablada al frente, acordó su arresto para

“sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América”.

Conocedores de que una medida similar había fracasado en Portugal, se acordó emprender el “exterminio” biológico, por lo que en junio de 1749 ya se planeaba una redada para capturar el mayor número posible de gitanos y gitanas de todas las edades a partir de los padrones confeccionados con motivo de la pragmática de 1745.

Fue un miércoles 30 de julio cuando la historia de España adquiere tintes macabros,cuando en este país el odio tendió la alfombra de bienvenida a una  crueldad que se ha llamado la Gran Redada o la Prisión General de los Gitanos de 1749. 

Desde la llegada a España de los gitanos (Rroma), alrededor del año 1417, muchos fueron los intentos de asimilación forzosa que tuvieron el punto de salida con la pragmática de Medina del Campo dictada por los Reyes Católicos en 1499 y que continuaron con una serie de ordenes que marcan una represión sin límite y que de una manera directa o indirecta pretendían o bien el abandono de las costumbres, trajes y tradiciones o bien la desaparición y arrinconamiento de la población romaní española. Entre estas medidas, por entresacar algunas, tenemos desde las que obligan al asentamiento, a la prohibición de ejercer el trabajo que les procuraba su medio de vida, la trata de animales el chalaneo, y otras en la que se les obliga a convertirse en agricultores… todo este cúmulo de sentimientos antigitanos y romafobia tiene su culmen en esta orden del 30 de julio pronunciada por Fernando VI de “exterminar la raza gitana”, para ello ordenó 

...“prender a todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido”... 

Unida a esta orden y mediante un plan urdido en secreto y organizado por el Marqués de la Ensenada, fueron detenidos casi todos los gitanos españoles, unos 9.000 (otros 3.000 ya estaban en prisión), los hombres enviados a los arsenales de la marina y las mujeres y los niños encarcelados. Para llevar a cabo con esta operación se contó con la cooperación de la Iglesia y la “provechosa” colaboración delatora de la población. Para facilitar el apresamiento de los gitanos y gitanas, el cardenal Valenti Gonzaga, nuncio en Madrid antes de ser secretario de Estado en el Vaticano, obtuvo expresamente permiso para excluir a los gitanos del asilo eclesiástico en abril de 1748. Era el último trámite para que Fernando VI autorizara el genocidio del verano de 1749

Marqués de Ensenada

De esta colaboración tenemos datos históricos que la prueban que se recogen en un escrito de P. Minguella, autor de la Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, en el se nos cuenta como tuvo lugar la famosa redada de los gitanos , concebida por el Secretario de Guerra, D. Zenón Semodevilla y Bengoechea, el famoso Marques de La Ensenada,secundada por el Obispo de Sigüenza.

Un año antes de morir el Duque de Anjou, que reinó en España con el nombre de Felipe V, dictó un decreto de pena de muerte contra los gitanos sorprendidos fuera del término de su vecindario. A tal efecto muchos de ellos, abandonando la vida nómada, se habían afincado en lugares, donde ejercían oficios serviles, útiles a sus convecinos, hasta que,como ya comenté,un miércoles 30 de julio de 1749, fueron sorprendidos por el Ejército. Ni siquiera les acogió el derecho de asilo que cualquier delincuente tenía, porque la Iglesia les excluyó del privilegio. Es cierto que hubo clérigos que clamaron contra tal desmán, pero fue a título personal, como el del Vicario de Sevilla. 

También la ambición de alcaldes, corregidores, alguaciles y particulares jugó su baza en el asunto, pues eran recompensados los delatores con la apropiación de sus exiguos bienes, que se vendían en pública almoneda. Los apresados mayores de 12 años eran enviados a los arsenales de la Marina y a las mujeres y los menores se les redujo a guetos. Los hombres que se hallaban en una mejor condición de fortaleza física y, puesto que hacia falta mano de obra, eran enviados a galeras para construir barcos que irían destinados a traerse el oro del nuevo continente, allí morían a causa de la extenuación, el hacinamiento, las enfermedades y la mala alimentación.

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A fin de obtener la autorización real, el Consejo justificó la medida para“contener el vago y dañino pueblo que infecta a España”, asegurando ser el único “preciso remedio” el “exterminarlos de una vez”. El carácter universal de la redada se hallaba implícito. Su desarrollo a partir de los listados de familias avecindadas y las instrucciones de captura lo confirma:

“Habiendo resuelto el rey se recojan para destinar como lo tenga por conveniente todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado, ni edad”.

El 8 de julio Ensenada ya había enviado las instrucciones a los tres intendentes de Marina, junto con la relación de los lugares y destacamentos militares designados para desarrollar la operación. Los aspectos económico y logístico fueron cuidadosamente previstos, detallándose incluso la tropa y sus mandos. Éstos,una vez en sus objetivos, abrieron las órdenes y se dispusieron a ejecutarlas “de acuerdo, en la mejor armonía y buena correspondencia” con las autoridades locales...

Respecto a los bienes de los presos, se procedió tras la redada a la custodia y cierre de las casas para impedir su saqueo, inventariándose “todos los bienes raíces, muebles o dinero” que se hallaron para su posterior subasta y así costear la propia operación.

En Andalucía, tradicionalmente la región española con más presencia gitana se produjo el mayor número de capturas, especialmente en los reinos de Sevilla y Granada, a pesar de que, como en Cataluña, por no haber llegado la orden, hubo de esperar varias semanas a ejecutarla en poblaciones como Málaga. En casi su totalidad, no hubo resistencia. En Vélez Málaga, por ejemplo, a la llegada de los soldados, los gitanos no esperaron a ser capturados, y ante el asombro de éstos, se dirigieron a la cárcel diciendo que “ya sabían se les habían de prender, y que desde luego venían a que S.M. les mandase donde había de ir”

Ensenada que tenía claro el envío de los hombres a los arsenales, dudaba del destino de las mujeres, pues su prioridad era impulsar su programa reconstrucción naval, por lo que se olvidó de éstas y de los hombres inhábiles para el trabajo. Olvidadas, pasaron años esperando destino. A sus quejas y a la de los gitanos que habían obtenido ejecutorias de castellanía, se unió el malestar del propio monarca por medida tan desproporcionada.

A los tres meses de este fatídico día, se dicta una orden que libera a los ancianos y las viudas y en la que se prohíbe la procreación. Aunque estos Rroma liberados tenían el derecho a recuperar sus bienes no es difícil imaginar las dificultades que tuvieron que atravesar no solo en este aspecto económico sino también para rehacer sus vidas y superar la pesadilla que les había tocado vivir.

Las condiciones de vida infrahumanas y la negación de indultos desde el año 1757 hizo que la población romani encarcelada pasara a ser de tan solo unos ciento cincuenta individuos cuando en 1783 fueron liberados, no por motivos humanitarios sino por la falta de rentabilidad que suponía el mantenimiento de esta población enferma y envejecida prematuramente. 

Una vez liberados surgió la duda sobre que hacer con ellos, surgieron varias propuestas entre las que se encuentran la de diseminarlos y colocar a solo una familia por pueblo, la de internarlos en prisiones para que vivieran con sus familias como inquilinos libres o la de enviarlos a las colonias americanas como ya hacían otros países como Portugal e Inglaterra, pero la falta de consenso sobre esto nos llevaría a la Pragmática del 19 de septiembre de 1783 dictada por Carlos III que daría a los gitanos libertad de elección domiciliaria y laboral.

Reunida la Junta de Gitanos el 7 de septiembre bajo la supervisión de Francisco Rávago, éste criticó con dureza la improvisación con que se ejecutó la redada, pero la Junta no asumió su responsabilidad respecto a la generalidad con que se diseñó, ya que achacó el abuso cometido a la mala interpretación de sus ejecutores.

El Consejo de Castilla recondujo entonces el proyecto y lo centró exclusivamente en los gitanos contraventores, disponiendo en el capítulo sexto de la Orden de octubre de 1749, la libertad a todos aquellos que acreditaran su buena forma de vida. Los que no pudieron hacerlo, Ensenada los distribuyó en función de su capacidad laboral: los hombres útiles mayores de siete años se remitieron a los arsenales, en tanto a los menores se les permitió permanecer con sus madres hasta cumplirla, momento en que pasaban a las maestranzas de los arsenales.

La injusticia cometida hacia unas personas, a las que sin delito ni juicio fueron privadas de su libertad, tuvo su continuación en la aplicación de dicho artículo sexto. Algunos responsables de su custodia señalaron lo desacertado y nada equitativo que resultó, al advertir cómo por ser personas sin familia y sin medios económicos no pudieron “justificar lo necesario para su libertad”.
Casi cuatro mil personas pasaron a sus destinos definitivos, hasta que Carlos III las rescató del olvido y concedió en 1765 su indulto, medida tardía, pues ya se había causado una profunda brecha entre ambas comunidades.